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Ocupación ilegal de inmuebles

Ocupación ilegal de inmuebles

16/06/2017· Vivienda

La ocupación ilegal de inmuebles supone una actividad que atenta contra el derecho de propiedad sobre un inmueble, siendo los objetos más habituales a ser ocupados los pisos, viviendas unifamiliares o naves industriales.

En muchas ocasiones el derecho de propiedad que se pretende defender choca con la protección constitucional del domicilio de las personas, por lo que los jueces habrán de ser prudentes y cuidadosos para no lesionar un derecho fundamental de las personas.

El derecho de propiedad atacado por la ocupación puede  defenderse a través del Derecho penal (denuncia e intervención de la policía) o a través del Derecho civil (demanda de desahucio). En todo caso, y con carácter previo a iniciar la reclamación judicial, habrá que tener en consideración las siguientes condiciones previas:

1.- Que las personas que se encuentren en el inmueble no tengan ningún tipo de derecho a estar allí, ni han sido autorizadas por el propietario en ningún momento anterior (quedaría excluído, por ejemplo, el supuesto del inquilino que ha dejado de pagar pero continúa usando la vivienda).

2.- Que el propietario manifieste y comunique su voluntad de que desalojen el inmoble.

Para que exista delito de usurpación, la entrada tuvo que hacerse en contra de la voluntad de la persona propietaria, y con ese comportamiento pretendan mantenerse en el uso de ese inmueble y obtener así un beneficio económico (no pagar alquiler por ejemplo), si la entrada se hizo con violencia, será un delito más grave. Si el inmueble ocupado sirve de morada, es decir, sirve de vivienda al propietario, aunque sea de forma temporal u ocasional, ya no será delito de usurpación, si no delito de allanamiento de morada, más grave y con pena mayor, puesto que se está atentando contra el derecho constitucional a la protección del domicilio del propietario.

En todo caso, el delito de usurpación está castigado con penas de multa, y el de allanamiento de morada con penas de prisión.

Frecuentemente, acompañando al delito de usurpación o allanamiento de morada se dan otros delitos, como el de daños, amenazas, coacciones o incluso lesiones, si la situación se vuelve realmente violenta.

En el supuesto de ocupación por grupos más o menos organizados, todo el trámite judicial se va a enredar más, lo que implica mayor retraso en la solución.

A no ser que se den situaciones de violencia o que se considere morada el inmueble ocupado, en la mayor parte de los casos el Derecho penal evitará intervenir, archivándose la denuncia, y habrá que acudir inevitablemente a la vía civil. Ésta será la vía en los casos en que el inmueble no estuviera siendo usado.

El desalojo forzoso se ejecutará una vez tramitado todo el procedimiento, si hay una resolución judicial favorable a la persona propietaria y los ocupantes no dejan voluntariamente la vivienda, que sería el momento en que el Juzgado podría recabar el apoyo de las fuerzas de seguridad.

El abogado estudiará cada caso concreto para determinar la vía más adecuada a la situación, por lo que es imprescindible solicitar asesoramiento tan pronto se detecte la ocupación ilegal de un inmueble.

Entrevista en A Revista - Ana Camiño - Ocupación ilegal de inmuebles

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